Entre los casos se encuentra el de Demóstenes Cárdenas, ex agente de la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro y homicidio calificado desde 2010
Este miércoles, en la Sala del Senado se votará el veto presidencial al proyecto de ley que contempla un indulto general conmutativo a causa del COVID-19, tras ser aprobado el martes por la Comisión de Constitución.
Además, desde La Moneda anunciaron discusión inmediata para la “ley humanitaria”, que contempla la conmutación de penas a condenados por delitos contra los Derechos Humanos.
En este sentido, desde el gobierno trabajan para tener los votos a favor de parlamentarios fachos, para lo cual han realizado gestos, como estudiar indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad.
El cómplice de las violaciones a los derechos humanos ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló que actualmente hay 26 solicitudes de indultos presidenciales, de las cuales 9 son condenados por violaciones a los DD.HH.
Larraín detalló que “nosotros estamos trabajando con los que están ya con su informe final, analizando y estudiando su situación, y estos son 14: de ellos ocho corresponden a personas condenadas por delitos comunes y seis a personas condenadas por delitos de lesa humanidad”.
“Estos casos se analizan de forma individual y separada, se piden más antecedentes si es necesario y esperamos tener todo ello lo antes posible para la resolución del presidente”, agregó el cómplice de las violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a trascendidos, el gobierno genocida, tratará de abrir la puerta para libertad de los terroristas de Estado tomando algunos casos donde hay afecciones de salud.
Estas consideraciones, son parte de la operación política de poner en libertad a todos los genocidas utilizando la figura de “Ley Humanitaria”, principio que fue negado una y mil veces para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no importando si fueran de la tercera edad, embarazadas, enfermos terminales e inclusive hasta niñas y niños.
Uno de los casos relevantes para el oficialismo son los del general (r) Héctor Orozco, sentenciado a 10 años y un día de presidio en 2017 por 2 homicidios calificados (diciembre de 1973).
Además, se encuentra el ex carabinero Alfonso Silva, condenado en 2017 a 15 años y un día de presidio por homicidios ocurridos en la Región Metropolitana (septiembre de 1973).
Por último, está Demóstenes Cárdenas, ex agente de la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro y homicidio calificado desde 2010, incluyendo cargos por su participación en la Operación Colombo, donde mataron y encubrieron la matanza de cientos de opositores a la dictadura empresarial-militar de Pinochet.
