La tramitación de una ley por razones humanitarias, destinada para delincuentes mayores de 75 años, condenados por delitos de lesa humanidad, carece no solo de fundamentos constitucionales sino también de méritos éticos.
Pese a que se argumenta que beneficiaría solo a condenados en condiciones críticas o terminales de salud, de extravío mental o dependencia severa de terceros, no existe ninguna razón de peso que lo justifique.
A pesar de contar con una legislación que permitía tanto arrepentimiento eficaz y cooperación de ellos en su momento, no se acogieron a esa figura legal. Tampoco un acto formal de las instituciones a las que pertenecieron que aceptaran que les ordenaron actuar como lo hicieron, bajo presiones inmorales del mando. En este último caso, tal vez, muchos de ellos estarían hoy libres
En su confinamiento actual, se pueden adoptar todas las medidas, incluso adicionales a las que ya tienen, para asegurarles una muerte tranquila y digna, y para que sus familiares más cercanos o queridos pudieran asistirlos en sus horas finales. Pero sin romper la rigurosidad del cumplimiento de sus penas, las que son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos. Ellos tienen por lo demás una cárcel como ninguna del país con todos los privilegios de un gran hotel. ¿Se imaginan que cada sector de delincuentes pudiera tener el poder de exigir una cárcel como la que ellos quieren? Solo Pablo Escobar pudo hacerlo y los genocidas al servicio de los empresarios.
Las personas que realmente no tuvieron oportunidad de muerte digna en Chile, algunos ni siquiera una tumba conocida, fueron las víctimas de estos condenados. Las victimas fueron torturadas, violadas, mutiladas, inyectadas con virus como la rabia y luego masacradas y hechas desaparecer de distintas maneras, algunas arrojadas al mar y estos asesinos si saben dónde están y sin embargo, aún guardan silencio.
Nunca han tenido ni siquiera un gesto de decoro o arrepentimiento y los institutos armados aún los tratan como verdaderos héroes por masacrar inocentes e indefensos seres humanos que no tuvieron siquiera la atención de los tribunales de justicia ni de la prensa servil y cómplices del terrorismo de Estado.
La intención de los empresarios, cabezas civiles del golpe de Estado, por medio de sus parlamentarios de extrema derecha, de recurrir a diversos procedimientos para tratar de generarles beneficios, situación hasta ahora fallida, está fuera entonces de toda consideración de mérito ético e incluso de legalidad constitucional, y es una pésima señal sobre la intangibilidad de los Derechos Humanos.
Un acto de tal naturaleza pondría al país al margen de la doctrina internacional prevaleciente en la materia y en una actitud verdaderamente vergonzante, pues el sentido humanitario se estaría usando para escamotear la rigurosidad penal y moral que en todas partes del mundo rige respecto de estos delitos, y escondería, aunque fuera parcialmente, una amnistía.
En este sentido, no caben conductas ambiguas. Ni del Gobierno, hablándole a la conciencia ciudadana en abstracto sobre “muerte digna”, ni tampoco el aplanamiento de las convicciones políticas en esta materia, so pretexto de escuchar más argumentos de especialistas sobre algo que el país ya conoce y debate hace más de cuarenta años. Todos ellos están al servicio de los empresarios.
Incluso la decisión de detener la votación de la actual ley en tramitación hecha por la comisión de Constitución del Senado, que debe pronunciarse sobre su aprobación, es inadecuada, pues pone una nota de indebido suspenso sobre un tema que ni siquiera debiera admitir discusión, como ya ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Eso es crear el clima propicio para la impunidad.
Menos aún parece comprensible que el órgano legislativo invite al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a exponer su opinión en la señalada comisión. Aquí se trata de otro Poder del Estado, el jurisdiccional, sobre un tema que compromete la independencia de criterio de los jueces y sobre el cual existe reglamento legal de consulta a la Corte Suprema como Pleno de ministros.
Todas estas maniobras, no esconden ni siquiera el intento por aliviar las condenas de los delincuentes genocidas. A los empresarios tampoco le interesan ellas y ellos condenados tibiamente por atroces crímenes. Lo que esta detrás de todo esto es poder mandar una señal a toda la sociedad que, ante cualquier escenario, ellos pueden nuevamente recurrir a los crímenes mas atroces y nada les pasará. Es una lucha por ganar el relato histórico y cuadrar a las fuerzas armadas bajo esa doctrina.
Nosotras y nosotros, ciudadanos de este país acorralado por la pandemia de la impunidad, debemos impedir a toda costa, que se transe una virtual ley de amnistía encubierta bajo el amparo de distintos procedimientos, donde desde hace semanas vienen concertadamente actuando, distintos factores políticos y conocidos manipuladores de la opinión pública con tribuna cotidiana en los canales de TV, prensa escrita y digital.
Roque Chile, Primera Línea Revolucionaria
