El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Carabineros entregar información estadística relacionada con detenidos y las detenciones realizadas entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019 a partir de la rebelión popular. Esto debido a la decisión de su Consejo Directivo de acoger el amparo rol C548-20 presentado en contra de la policía uniformada tras no acreditarse la inexistencia de la información a la que aludió Carabineros, para no entregar la totalidad de los antecedentes requeridos vía solicitud de acceso.
Carabineros tampoco, habría logrado demostrar ante el Consejo la afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. Esto tras los descargos de la institución, que alegó la dificultad que implicaría la revisión de 9.500 partes policiales, con antecedentes de más de 19.000 detenidos.
Carabineros respondió parcialmente al requerimiento de información, haciendo entrega de un archivo Excel conteniendo: fecha de detención, género, edad y delito. Sin embargo, indicó que no era el órgano competente para responder a la totalidad de la solicitud, puesto que existen antecedentes que estarían en poder de otras entidades (como el Ministerio de Defensa Nacional, Policía de Investigaciones, y Ministerio Público). Asimismo, afirmaron que la entrega de parte de la información, podría impactar en procesos investigativos.
Entre los antecedentes requeridos, se contempla información sobre sexo y edad de las personas detenidas, fecha, causa y delito por el cuál fue detenido; y otros detalles vinculados al proceso de detención tales como: personal que la efectuó (incluyendo el organismo de dependencia), lugar en que se realizó y dónde habría sido derivado. Asimismo, se solicitó información respecto de procedimientos posteriores relacionados con su paso o no a control de detención y si mantiene medidas cautelares.
REGISTRO DE DETENIDOS SON PÚBLICOS
Un fallo de la Corte Suprema (pronunciado en mayo de este año), ratificó la publicidad del registro público de detenidos, justamente en el marco de las detenciones ocurridas durante la Rebelión Popular del año pasado, instruyendo a Carabineros a mantener en el recinto policial un listado de personas detenidas en un lugar de libre acceso. Asimismo, el CPLT realizó en 2019, una fiscalización a las reparticiones de la policía uniformada en distintas regiones, para constatar el acceso público. por parte de cualquier persona que lo solicite de los registros de detenidos.
Sin embargo. y a pesar de esta normativa, durante los procesos de detención ilegales llevados a cabo desde el 18 de octubre en adelante, muchxs de lxs compañerxs que fueron pasados a prisión preventiva, fueron repetidamente negados en las comisarias donde los llevaron detenidos, además de esto, también se le negó a familiares, información inicial a cerca de sus procesos y los motivos de su detención.
Dando paso a incriminaciones, por las cuales la mayoría de ellxs se encuentran actualmente recluidos en diferentes cárceles del país, procesados e imputados por crímenes que no cometieron y que corresponden a otro montaje más del cuerpo represivo.
Los ilícitos cometidos por la fuerza de represión en Chile, se han encargado específicamente de criminalizar a nuestrxs compañerxs presos por luchar, donde se han pedido condenas de hasta 10 años por actos insignificantes, como portar un encendedor (plantado por carabineros)
La renuencia de este cuerpo policial militarizado, a entregar los datos que debieran ser de conocimiento público, corresponden también a los secuestros llevados a cabo en las zonas residenciales donde habitaban muchxs de nuestrxs compañerxs, que fueron detenidxs fuera del contexto de toda manifestación o protesta, y donde nuevamente se les imputan cargos a base de elementos implantados por la propia fuerza represiva, no sin antes haber sido sometidos a torturas y diferentes vejámenes, que a muchos los dejo en estado crítico al momento de ingresar a las instituciones penales.
DEL AVAL DEL ESTADO Y LOS GOBIERNOS A LA IMPUNIDAD DEL REPRESOR
La autonomía dada por el Estado a los entes criminales que manejan el orden social a base de golpizas y escarmientos dignos de una mafia, son las políticas implementadas desde los tiempos de la dictadura de Pinochet, y que aun siguen operando con total impunidad, pese al supuesto estado de derecho que instauro el mal llamado “retorno a la democracia”.
Gobierno tras gobierno, desde la concertación, hasta la ultra derecha Piñerista, ha hecho uso del aparataje represivo heredado de los tiempos mas oscuros de Chile, para suprimir cualquier muestra de descontento social, relegando a las supuestas fuerzas del orden, que deberían ser instruidas en el cuidado de la ciudadanía, a meros perros de caza que atentan contra la integridad de su propio pueblo.
Es evidente el ilícito cometido en las detenciones llevadas a cabo durante la Rebelión Popular, y es este el motivo de la no clarificación de los datos, que son necesarios para demostrar la inocencia de nuestrxs compañerxs.
Según el folio dado a conocer por el Consejo para la Transparencia donde se declara que:
“El artículo 19 N°7, letra d), de la Carta Fundamental asegura a todas las personas, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público.”
Durante la fiscalización de las comisarias donde se reportan detenidos por manifestaciones, quedó claro que, en muchos casos, el debido proceso frente a una detención, no fue respetado, según la sección del folio que expresa lo siguiente:
“Que, de acuerdo con lo expuesto en el referido Informe, se pudo concluir que, en un tercio de las Comisarias fiscalizadas, no fue posible acceder al Registro de Detenidos conforme al estándar constitucional establecido en el artículo 19 N°7, letra d), de la Carta Fundamental. Lo anterior, junto con constituir eventualmente una acción u omisión que podría privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de las personas, resulta especialmente preocupante para este Consejo, más aún, considerando que en 5 de las 9 Comisarías no fue posible acceder de ninguna forma al Registro de Detenidos, ni aún ante un segundo requerimiento de los funcionarios de este Consejo, habiéndose identificado como tales, y que solo después de dicha manifestación, pudieron revisar al Registro en las otras 4 Comisarias que inicialmente habían denegado el acceso.”
La forma de blindaje legal, bajo la que se ampara la actual policía criminal, le ha permitido a distintos gobernantes desentenderse de sus responsabilidades de la violación de derechos humanos, llevada a cabo por sus empleados policiales, alegando desconocimiento y falta de registros, siempre llevando la responsabilidad a sus peones y encargándose de librarlos según fórmulas legales rebuscadas.
La lucha que se nos presenta de aquí en adelante es con todo, las barricadas y los cacerolazos se deben complementar con un estudio profundo de la realidad de nuestro país, para que podamos entender que tan profundas están enterradas aún, las garras de la dictadura empresarial en Chile, y a partir de allí poder cambiar de raíz todas las políticas que permiten que se siga reprimiendo al pueblo sin consecuencias.
