A contramano del mundo, salvo algún otro personaje igualmente excéntrico, el presidente Jair Bolsonaro reclama que la actividad económica no se detenga. “Si las empresas no producen, no pagarán salarios. Debemos abrir el comercio y hacer todo lo posible para preservar la salud de los ancianos”, aconsejó al inicio de la crisis. Desde su perspectiva, la paralización del trabajo podría desencadenar a corto plazo un estallido social muy superior al de Chile. Y por eso mismo resulta imperioso salir a desfilar rodeado de cámaras por Brasilia: hay que alentar a la gente a no encerrarse en sus casas.
Tajantemente en contra de las cuarentenas, Bolsonaro propone un “aislamiento vertical”, esto es, reclusión solo para personas mayores y grupos de riesgo. No todos en el gobierno comparten semejante estrategia. De hecho, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, intenta avanzar hacia el aislamiento social absoluto. Un reciente sondeo de Datafolha revela que, con relación al manejo de la emergencia sanitaria, Mandetta duplica en popularidad a Bolsonaro: 76 y 33 por ciento respectivamente. La indignación del sector más concientizado de la población ha derivado en varias noches de cacerolazos en distintos puntos del país.
Al día 11 de abril, es decir, 47 jornadas después de la detección del primer caso, Brasil registra 20.727 casos de coronavirus, 1.124 muertes y una tasa de mortalidad de 5.4 por ciento. Desde luego, algunas acciones de contención ya se pusieron en marcha, a pesar del obstinado sabotaje mediático de la máxima autoridad nacional.
Las fronteras terrestres cerraron; se instauró un comité de crisis; la mayoría de los gobernadores estaduales decretaron cuarentena; y, entre otras resoluciones, se promulgó una ley que otorga a los trabajadores informales y autónomos una exigua ayuda económica -apenas algo más de la mitad del salario mínimo- durante tres meses. Además, el Congreso se encuentra tramitando la creación de un “presupuesto de guerra” que evite mezclar los gastos provocados por la emergencia sanitaria con los gastos del presupuesto general. El proyecto aún no ha sido aprobado en el Senado Federal.
¿Con pies de barro?
La actitud de Bolsonaro respecto a las recomendaciones sanitarias aceptadas globalmente ha reavivado rumores sobre un posible golpe -o incluso autogolpe- de Estado. La institución que acapara todas las miradas es, naturalmente, el Ejército, y el candidato, el general retirado y actual vicepresidente Hamilton Mourão. Esta hipótesis, sembrada casi desde la composición de la fórmula electoral, ha recobrado vigor tanto por el temor a las consecuencias de la pandemia con el gobierno en manos de Bolsonaro como por una serie de reuniones de Mourão con dirigentes de la oposición que despertaron suspicacias.
Con todo, Mourão dijo estar “de acuerdo en que Brasil no puede parar” (Folha, 29-03-20), en estrecha sintonía con el circuito de exteriorización y relativización de las tensiones gubernamentales. Asimismo, cuando, semanas atrás, Bolsonaro y sus seguidores marcharon exigiendo la clausura del Parlamento y del Supremo Tribunal Federal, el Club Militar del Ejército respaldó con entusiasmo al mandatario.
La segunda vía para deshacerse de Bolsonaro corre por fuera de la órbita castrense: el impeachment. No pocos legisladores elevaron pedidos de juicio político a raíz de aquella movilización que fomentó el quiebre institucional y, de paso, aglutinó a cientos de personas en plena propagación de la enfermedad. Las recientes destituciones de Fernando Collor de Mello (1992) y Dilma Rousseff (2016) ilustran con claridad meridiana la contundencia del mecanismo. Más aún cuando al interior del Congreso predomina la hostilidad hacia el Ejecutivo, tal y como sucede actualmente. Sin embargo, el primer paso depende del presidente de la Cámara de Diputados, quien por el momento ha descartado dar comienzo al proceso.
Por otra parte, lejos de la hostilidad, el bloque evangélico redobla su fidelidad hacia Jair Messias Bolsonaro, defendiéndolo a capa y espada en su reyerta con los principales gobernadores estaduales, otrora aliados del oficialismo. Algunos de los cuales procuran capturar el mayor rédito político posible antes de que se produzca el descalabro.
Del otro lado de la vereda, en una significativa señal de unidad, los excandidatos presidenciales Fernando Haddad y Ciro Gomes -junto a otros referentes políticos- divulgaron un manifiesto pidiendo lisa y llanamente la renuncia de Bolsonaro. Para Luiz Inácio Lula da Silva el comportamiento del mandatario representa un grave problema a solucionar: “La oposición tendrá que encontrar un camino para ver qué hacer con Bolsonaro; porque hoy es un peligro, no solo para Brasil, sino para el mundo” (UOL, 31-03-20).
En cuanto a la sociedad civil, centrales obreras, movimientos estudiantiles y organizaciones de trabajadores rurales plasmaron en un documento más de 60 propuestas para mitigar los impactos del coronavirus. Allí expresaron: “El virus llega a Brasil en un momento de estancamiento económico, desmantelamiento de los servicios públicos, aumento de la pobreza y la desigualdad social. (…) La crisis causada por una pandemia expone la irracionalidad y la locura de los proyectos neoliberales y neofascistas que hoy lideran la nación”.
Antes del huracán
Por obvias y lógicas razones, el Ministerio de Economía rebajó la proyección de crecimiento del PIB de 2.1 a 0.0 por ciento para 2020. Lo cual suma doce meses más a un pronunciado ciclo de estancamiento: la economía brasilera no crece sostenidamente desde 2013, padeciendo fuertes recesiones en 2015 y 2016.
Funcionarios del Ministerio de Salud pronosticaron para los próximos días una “aceleración descontrolada” de la enfermedad en algunas regiones del país. En tanto, el encargado de pilotear la situación, el ministro Mandetta, sigue esquivando los amagos de destitución de parte de Bolsonaro, caminando por la cornisa un día sí y otro también y resistiendo únicamente gracias al apoyo de la cúpula militar del gobierno.|
Con una tasa de desempleo de 11 por ciento y una informalidad que afecta al 41 por ciento de la clase trabajadora, el escenario de aislamiento social necesario para proteger la salud demanda drástica y urgentemente medidas redistributivas. De lo contrario, el descontento popular será no solo inevitable sino inmediato. Pero, al ni siquiera evaluar un rol más activo del Estado, Bolsonaro, espantado ante un eventual estallido social, opta por navegar a contracorriente, romper el encierro y afrontar el costo humanitario.
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