Hoy se hizo viral un video donde un grupo de narcos, celebra un cumpleaños en Renca, con toldos en plena calle y hacen disparos al aire con armas de diferentes calibres en medio de la pandemia generalizada

Hoy se hizo viral un video donde un grupo de narcos, celebra un cumpleaños en Renca, con toldos en plena calle y hacen disparos al aire con armas de diferentes calibres en medio de la pandemia generalizada, el toque de queda y la presencia de militares y policías en las calles. Esta situación refleja la total impunidad con que actúan los que son protegidos por las autoridades a diferencia de la represión brutal sobre la protesta social.

Violencia, impunidad y represión sobre la población en Chile, ya son hechos cotidianos. Desde que se inició la Rebelión Popular, todo la anterior se ha intensificado y se ha desarrollado una guerra contrainsurgente contra las y los chilenos por parte del Estado.

Estos hechos evidencian dinámicas institucionales que no hacen sino insistir en procedimientos que vulneran los derechos fundamentales, perpetuando la lógica de violencia con la que conviven las y los chilenos.

Las policías han abandonado por completo sus funciones fundamentales y se han puesto como primera contención, frente al estallido social generando una secuela de detenidos, heridos, vejados, mutilados y muertos por la inusitada violencia empleada y utilización de medios propios de una guerra.

¿Mientras todo esto ocurre que ha pasado con el desarrollo del narcotráfico en las poblaciones populares? ¿La policía ha empleado el mismo entusiasmo para combatir este flagelo? Veamos.

El círculo de poder, la corrupción que denuncian los pobladores entre Carabineros y traficantes no es solo un rumor, ocurre todos los días, pero ¿quién puede o quiere exponerse ante lo que esa denuncia responsable -como le llaman por ahí-, significa? ¿Quién desea exponerse a la violencia asesina del tráfico de drogas en complicidad con funcionarios policiales, representantes del Estado, garantes supuestos de la seguridad de la población? Nadie, pues cruzar el umbral de la denuncia con evidencias, es acercarse un poco más a la tragedia de la indefensión cercana a la muerte.

Atropellos a los derechos humanos

Las denuncias de allanamientos ilegales, detenciones, robos de dinero y maltrato e incriminación de las víctimas, son situaciones que suceden permanentemente y quedan en la impunidad.

Principalmente Carabineros, pero también la PDI, realizan allanamientos por los más diversos motivos y argumentos, muchos sin ninguna orden judicial. Esto tiene que ver con los grados de corruptela que existen entre policías y traficantes para crear un manto de impunidad para algunos, de desafectación para otros, y aumentar o asegurar el territorio y las ganancias para cierto sector. Mayoritariamente los allanamientos los hace Carabineros, pero también es sabido el papel de la PDI en estos procedimientos.

Un vecino que es poblador de Legua Emergencia, historiador y docente en diversas universidades, indica que los allanamientos suelen ser muy agresivos: “Son violentos, hay maltratos, se genera una reacción entre la impotencia y el desconcierto que lleva a las víctimas a la más completa indefensión (…) Cuando demandan información o la orden judicial que podría explicar que los policías estén ahí, no existe más que la respuesta de que ‘están intervenidos’, por tanto, eso ya genera una violencia que los erosiona, a lo que hay que agregar que en muchos casos -diría que en un porcentaje mayoritario-, tiene un corolario físico: golpes y empujones que se suman al maltrato verbal. Por lo general se trajinan todas sus pertenencias, no solamente las que portan, sino las que están en sus viviendas, rajan sillones y colchones, les rompen puertas y ventanas, van destruyendo utensilios… y lo que ha pasado en el último tiempo -con intensidad diferente en los 16 años en que la intervención permanece-, es que hay muchos robos por parte de los policías”.

Violencia institucionalizada

En la mayoría de los medios de comunicación lo único que se publica sobre las poblaciones es delincuencia, drogas y muertes, pero no se habla de represión policial, pobreza o falta de oportunidades…

Los medios de comunicación ahondan y profundizan el estigma histórico con que han sido tratados lugares como La Legua. Es difícil encontrar noticias, reportajes, documentos o artículos más profundos, e incluso tesis, que puedan dar cuenta de los espacios de vida, de afecto y de construcción social y diálogo político en la población.

Menos se habla de quiénes son los responsables de generar las condiciones que perpetúan las lógicas de violencia. Se habla muy poco del rol del Estado, nada o casi nada de las prácticas policiales que esta intervención ha generado, marcando la psique sociocultural de generaciones completas, y de un espacio social que hay que entender que no ha sido solo intervenido físicamente, sino que en cada poro de las personas que aquí conviven. Intentar imponer esta fuerza abrumadora, casi monolítica, que establece una visión totalizante, criminalizante, estigmatizante y empobrecida de las poblaciones, no solamente habla de la miopía de esos medios de comunicación. Es una suerte de praxis que aumenta los índices de desigualdad e inequidad, injusticia y violencia que este país obscenamente reproduce.

Cada vez que ha habido organizaciones o personas que han dado nuevas fuentes para dar cuenta de la brutalidad policial, de sus praxis sistemáticas, de su relación espuria con el narcotráfico, algo los invisibiliza, y sabemos que es un tema delicado, porque estamos hablando no solamente de un producto formal, como el narcotráfico, sino de vidas humanas que incluso dependen de él. Se ha potenciado básicamente porque existen las coordenadas institucionales que explican que aumente el narcotráfico. Posiblemente, el ejemplo más claro al respecto es que los pobladores de La Legua, específicamente de Legua Emergencia, tienen cerca de un 10% de la población varonil privada de libertad. Ninguna de esas personas es narcotraficante, no hay ningún gran pez, la gran mayoría son microtraficantes, quienes han ocupado la cadena de miseria que el sistema de exclusión les regala, y que justifica seguir dando la impresión de que el Estado está haciendo algo, cuando en el fondo no genera ninguna transformación en las estructuras.

¿La intervención policial han significado acabar con el narcotráfico? No, y no solo eso: la excusa o justificación del Estado fue que iba a iniciar el proceso de intervención para contener el narcotráfico y la delincuencia, no importando si había que violar los derechos humanos. El resultado claro es que no solo se violan los derechos humanos de miles de pobladores, sino que, desde ningún punto de vista objetivo, en relación a las definiciones que ese mismo Estado impuso, se han cumplido las metas para decir que la intervención pudiera explicarse. Sin embargo, incluso en 2016 se expandió a otras poblaciones de la Región Metropolitana: Parinacota, en Quilicura; El Castillo, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto…

Se muestra como si fuese una política pública inteligente, pertinente, adecuada y con contenido, lo que está muy alejado de la realidad y del sentir de la gente. Ahora, hay que decir también que los pobladores en algunos lugares donde el narcotráfico es potente, se comportan con un nivel de ambigüedad importante, que los lleva a considerar que quizá la presencia policial sea necesaria, para mantener la tranquilidad de la población, y que “no exista tanta bala”. El gobierno juega con las sensibilidades y la epidermis síquica de una población que necesita y demanda paz. No se le entrega paz, sino se le impone la violencia.

La colusión entre policías y narcotráfico, solo refleja una realidad mucho mas profunda. La realidad que el narcotráfico es un gran negocio capitalista, desarrollado la mas de las veces por grandes empresarios burgueses, que utilizan mano de obra obrera y también lumpen proletariado, para no verse directamente involucrados.

La producción de droga a gran escala solo es posible por un burgués, ya que necesita capital para invertir, medios de almacenamiento, transporte ( ya sea terrestre, marítimo o aéreo) imposible de costear por pobladores atrapados en el microtráfico. Esos mismos empresarios, van tejiendo los hilos de impunidad con las policías y van copando espacios dentro de la arena comercial y política que les procuren protección para su gran negocio.  

Así las cosas, no estamos lejos de consolidar un Narco-Estado como lo es Colombia, camino que va siguiendo a grandes pasos, Brasil.

PRIMERA LÍNEA REVOLUCIONARIA