CORTE DE APELACIONES ORDENA INFORME SOBRE EL INDULTO PRESIDENCIAL OTORGADO A CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

CORTE DE APELACIONES ORDENA INFORME SOBRE EL INDULTO PRESIDENCIAL OTORGADO A CRIMINAL DE LESA HUMANIDAD

Prado Contreras, se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, salió en libertad.
PRIMERA LÍNEA REVOLUCIONARIA

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en conocimiento de un recurso de protección presentado por el Estudio Caucoto Abogados, ordenó un informe al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a su titular, Hernán Larraín, respecto del indulto presidencial otorgado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Hugo Prado Contreras, por ser cómplice del secuestro, asesinato y desaparición de 5 personas en 1987.

Los ilícitos, perpetrados en el año 1987, corresponden al último caso de detenidos desaparecidos en el periodo de la dictadura de Pinochet (1973-1990). La investigación estableció que tras su detención, sin orden judicial, las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados al mar.

Se trata de Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés, los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura militar y cuya investigación de la causa logró establecer que fueron secuestrados en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en el mes de septiembre de 1987.

Lo anterior, en respuesta a una operación conjunta de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la DINE y el Comando de Aviación del Ejército.

El indulto, firmado por Hernan Larrain, Ministro de Justicia y DDHH, señala que Prado sufre una serie de patologías que hacen recomendable la conmutación de su pena sumado a que cuenta con una red de apoyo familiar “favorable para su actual proceso”.

Prado Contreras, se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, salió en libertad.

Sin embargo el recurso de protección, presentado a nombre de la hermana de una de las víctimas, tiene por objetivo aclarar si el indulto otorgado por orden del Presidente Sebastián Piñera se ajusta a la normativa internacional, tratándose de un delito de lesa humanidad, referido al secuestro y desaparición de las cinco personas.

En consecuencia, la cartera de Justicia dispone cinco días para responder a lo ordenado, informando de los fundamentos consideradas para otorgar este beneficio, trámite cuyo plazo venció este lunes 3 de mayo.

Mientras el sistema judicial chileno, respondiendo a los intereses del gobierno, sigue conmutando penas de criminales y asesinos de lesa humanidad, acudiendo a lagunas legales y malabares, sigue manteniendo unas penas extremadamente altas, para los presos de la rebelión popular de octubre de 2019, en procesos que han sido viciados y fuera de todo marco legal y de derecho civil para los acusados.

La impunidad en Chile se decreta desde la Moneda y se ha encargado sistemáticamente de dejar en libertad a los violadores de derechos humanos de la dictadura de Pinochet, y evitar juicios y procesos judiciales a los funcionarios militares y policiales que tienen relación con la violación de derechos humanos desde la rebelión del 2019.

“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez la estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad”. (Rodolfo Walsh)

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