Durante la primera administración de Piñera se realizó una cuestionada licitación para la explotación de litio, en la que finalmente resultó elegida la empresa de Julio Ponce Lerou SQM, la que a pesar de no haber cumplido con las condiciones resultó beneficiada a raíz de la alteración de las actas para que pudiera participar del proceso gracias a la intervención del entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Debido a este fraude Wagner fue investigado pero, luego de cancelar una ridícula multa de un millón de pesos y haber sido suspendido para ejercer cargos públicos durante 18 meses, quedo como toda la elite política que comete fraudes estafas y robos, en la más completa impunidad, ya que se le da la facilidad de llegar a vergonzosos acuerdos y suspensiones que no tienen ningún peso.
Al finalizar ahora casi su segundo mandato, el gobierno de Piñera por medio del Ministerio de Minería, abrió un proceso que involucra cinco cuotas de 80 mil toneladas de litio, que en total suman 400 mil toneladas del mineral.
En la licitación abierta por el Ministerio de Minería se explicita que es a nivel nacional e internacional para la “exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio” en Chile.
Además, argumenta que “el aumento de la demanda mundial de litio y el desafío global de fomentar nuevas tecnologías que ayuden a combatir el cambio climático y migrar a energías más limpias, representan la oportunidad de incrementar el desarrollo de la industria del litio en Chile y fortalecer su posición estratégica”.
Lo que no dice el ministerio es que hace esta licitación, como un manotazo al finalizar el mandato de Piñera que evidentemente irá en beneficio de transnacionales y o empresarios nacionales privados, eludiendo con esta acción la posibilidad del debate sobre el destino de los recursos estratégicos nacionales, condenando al país a ser un mero licitador y facilitador del incremento de la riqueza de las transnacionales o empresarios nacionales en detrimento del patrimonio de todas y todos los chilenos.