INACEPTABLE: NUESTROS IMPUESTOS PAGAN LA PENSION DEL ASESINO DE CATRILLANCA

Un año y cinco meses han pasado desde el asesinato de Camilo Catrillanca en la comuna de Ercilla. El Tribunal Oral de Angol no ha podido dar inicio al juicio oral en el que se busca juzgar a personal de Carabineros que terminó con la vida del joven comunero en medio de un operativo policial en que el ex GOPE Carlos Alarcón le disparó por la espalda sin mediar provocación alguna mientras se trasladaba en un tractor.

La ausencia de un defensor los primeros días de marzo impidió que se iniciara el juicio y, luego, la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del Covid-19, llevó al tribunal a suspender el proceso penal. En medio de esta paralización, la defensa del principal acusado del caso, el ex suboficial de Carabineros Alarcón pidió revisar su prisión preventiva, que actualmente la cumple en la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, y sustituir esta medida cautelar hasta que se reactive el juicio oral en su contra.

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el ex suboficial Carlos Alarcón.

La petición fue rechazada de forma unánime por el Tribunal Oral de Angol, por lo que Alarcón seguirá privado de libertad al menos hasta el 22 de junio, fecha tentativa para el reinicio de este juicio.

Durante una audiencia virtual, se ventiló un antecedente que hasta ahora era desconocido para el resto de los intervinientes y es que pese a haber sido dado de baja, Carabineros le paga a Alarcón una pensión mensual de $856.646, más dinero a sus cargas familiares, esposa e hijos, lo que totaliza casi $900 mil; además de que la propia institución le entregó $21.033.528 por concepto de indemnización tras ser marginado de sus filas.

El ex GOPE fue dado de baja el 18 de noviembre de 2018 y, el día 30 de ese mismo mes, fue formalizado, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

La pensión de retiro fue tramitada cuando ya tenía calidad de imputado y había sido marginado de la institución. Según los documentos exhibidos en la audiencia de hoy, el 8 de abril de 2019 la Dirección de Personas de Carabineros dictaminó dar curso al beneficio.

Lo que quiere decir que dentro de los gastos totalmente innecesarios de carabineros encuéntrese entre ellos: el gasto de 15 millones de pesos en aros de perla para sus egresadas, los materiales de represión como guanacos, zorrillos, gases pimienta, bombas lacrimógenas y un largo etc. que son usados desde siempre para reprimir a su propio pueblo, agregamos ahora la millonaria indemnización a un asesino que debería de hecho, ya estar condenado y el pago de una pensión que no corresponde a un delincuente que ya está fuera del cuerpo policial.

¿Dónde está la indemnización a la familia de Camilo? Recordemos que el dejo una hija  apunto de nacer el día que fue asesinado, por supuesto ni el Estado, ni carabineros ha movido un dedo para reparar el daño ocasionado a la familia de Catrillanca y por su historial sabemos que tampoco lo harán, se han ensañado no solo con el pueblo chileno, sino también con el pueblo mapuche terminando con la vida de varios comuneros y líderes sociales, además de quitarles la libertas e invadir sus tierras, política totalmente normal para el neoliberalismo depredador que siempre va a poner la ganancia por encima de la vida, y siempre va a asegurar la impunidad de quienes atentan contra el pueblo.

Al día de hoy Carabineros demuestra ser una institución totalmente corrupta, viciada, fascista e inmoral que recurre al dinero que el gobierno le da a manos llenas para seguir asegurando la impunidad y protección de los asesinos que ellos mismos forman y lanzan a la calle sin medir consecuencias, recordemos también que ese dinero gracias al cual ellos gozan de unos privilegios inmerecidos sale del bolsillo de todos los contribuyentes, lo que quiere decir que todos estamos pagando la pensión de un asesino.

¿Hasta qué punto vamos a permitir que las instituciones que forman parte de este sistema inmoral e inservible jueguen con nuestras vidas? Es un deber hoy más que nunca mantener la lucha viva, aunque la pandemia nos obliga, en aras de mantener la salud, a estar confinados en nuestros hogares, no debemos olvidar que la represión no tiene cuarentena, ellos siguen afuera, aprovechándose de nuestra obligada inactividad para seguir asegurando la impunidad de sus acciones.

Este tipo de actos deben impulsarnos a tomarnos las calles de manera definitiva cuando termine la pandemia, exigiendo cambios que deben ir más allá del cambio de la constitución,porque el problema no es sólo la constitución, es todo el sistema, y es nuestro deber como pueblo crear nuevas instituciones que realmente representen los intereses de la mayoría y dar de baja a todas aquellas que, como carabineros solo sirve de herramienta a quienes nos quieren callados y reprimidos.