Todo el país tuvo la oportunidad de ver como en forma criminal y alevosa, un miembro de la Policía Civil (PDI), disparaba directamente al cuerpo de unos vecinos en la Comuna de Renca, hiriendo gravemente a uno de ellos al punto de hacerle explotar el globo ocular de uno de sus ojos producto de disparos efectuados por el policía.
Luego de efectuados los disparos por el policía directamente al cuerpo de los vecinos, este policía se retira del lugar sin ninguna preocupación por su víctima, como si estuviera cumpliendo un mero trámite.
La existencia de un oportuno video sobre la agresión del policía que rápidamente se hizo viral en redes sociales, permitió denunciar el hecho públicamente y poder identificar al despreciable policía que agredió en forma cobarde a los vecinos.
Los hechos
En la tarde del día 23 de julio de 2020, la víctima R.A.R.P., se encontraba en una plaza frente a su casa en la comuna de Renca, cuando escuchó el ruido de disparos y se tiró al suelo. Posteriormente, relató, se abría levantado y fue en ese momento, en el que recibió un disparo en su ojo izquierdo. La víctima fue trasladada hasta el SAR Bicentenarios y posteriormente, al Hospital Félix Bulnes, donde se le diagnosticó un “estallido del globo ocular del ojo izquierdo y fractura de la estructura ósea que rodea el mismo ojo”.
Querella criminal
En base a esos y otros antecedentes, este viernes 24 de julio, la sede de la Región Metropolitana del cuestionado Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó una querella contra quienes resulten responsables, ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con resultado de lesiones graves gravísimas, cometidos en contra de un hombre de iniciales R.A.R.P.
En la instancia judicial, fue formalizado un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), de iniciales M.A.A.R., por el delito referido, sancionado en el artículo 150 E Nº 2 del Código Penal, en relación con el artículo 150 D. El funcionario de la PDI quedó con arresto domiciliario total, como medida cautelar, y el juzgado de garantía fijó un plazo de investigación de 150 días.
