Cuando han terminado los trabajos de elaboración de la Convención Constituyente en Chile, parece que al gran estallido de masas de octubre de 2019 se le ha puesto una piedra.
Las gigantescas manifestaciones en rechazo al gobierno derechista de Sebastián Piñera enfrentaron las medidas represivas. La brutalidad de la policía y el ejército, el número de muertos y desaparecidos no pudo contener la explosividad del descontento social, que solo fue desarmado por medio de la “pandemia”.
La Constitución de 1980, impuesta por Pinochet, sigue vigente. Ninguno de los gobiernos de la Concertación se atrevió a movilizar a la población para derogarla integralmente. En ese marco legal, se hizo cumplir la Ley de Seguridad del Estado y la represión contra los manifestantes fue feroz. Pero el modelo “democrático” para América Latina pagó un precio muy alto. Las calles de todo el país se han convertido en una batalla campal entre las masas y los órganos de represión.
Piñera intentó aplicar el método que Lenin Moreno aplicó con éxito en Ecuador para desmovilizar a la población: derogar las medidas más impopulares, manteniendo la estructura de entrega del país a los monopolios. Pero en Chile, la contención de las masas es una tarea más difícil, tanto porque se ha superado la burocracia de los movimientos estudiantiles y barriales, como por la brutal opresión de los trabajadores desde 1973.
Los salarios no son suficientes para vivir debido a los altos precios de los servicios públicos que están casi todos privatizados. El precio de un boleto de transporte es de más de 800 pesos en Santiago, lo que significa que un trabajador puede gastar entre 20% y 30% de su salario en transporte. El salario mínimo es de aproximadamente U$ 400, o 350,000 pesos chilenos. Más de la mitad de los trabajadores reciben salarios de poco más que 400 mil pesos.
Las jubilaciones son de hambre y están totalmente controladas por la especulación financiera, por lo que un jubilado promedio recibe la mitad del salario mínimo.
El sistema de salud está privatizado y, además de caro, no funciona. Programar una cirugía puede implicar un tiempo de espera de dos a tres años.
La educación pública se desecha con el objetivo de empujar a los estudiantes a la educación privada.
La vivienda, sujeta a especulación inmobiliaria, es prohibitiva para un trabajador. La opresión de las minorías indígenas es severa, lo que ha generado una verdadera guerra, especialmente con los indígenas Mapuche.
A ninguno de esos problemas la Convención Constituyente ni el gobierno Boric vinieron a darle respuesta a favor de los trabajadores y del pueblo chileno.
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Piñera intentó desesperadamente coser un pacto social, a instancias del imperialismo, para salir de la crisis, con la participación de los partidos de oposición, especialmente la Democracia Cristiana y los otros partidos de derecha.
La “izquierda” integrada en el régimen participó y acabó teniendo un papel muy activo en el “diálogo”, hasta que el régimen de conjunto llevó a la elección de Gabriel Boric bajo el chantaje de la extrema derecha encabezada por José Antonio Kast.
Al comienzo del gobierno Boric se generaron bastante expectativas pero que se han ido agotando rápidamente conforme la crisis capitalista se ha ido agudizando. Junto con eso están las décadas de traiciones que no pueden contener el odio contra el régimen.
El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio proponen algunas medidas paliativas para tratar de canalizar los problemas de las masas por la vía institucional, engañando a las masas y manteniendo todo como está, inclusive porque la crisis capitalista impide hacer concesiones importantes.
Debido a la enorme presión de los trabajadores, la burocracia sindical se vio obligada a convocar a la huelga general por un día o dos, dependiendo del sector, durante el estallido.
Pero la burocracia sindical le huye a la lucha y a las huelgas como el Diablo le huye a la cruz. Durante el estallido, hubo una fuerte presión en la base por una huelga general indefinida, pero la burocracia maniobró y buscó controlar el movimiento lo más que pudo para avanzar hacia el diálogo con el gobierno de Piñera.
La CUT (Central Unitaria de los Trabajadores) convocó una huelga general por 48 horas y se autoproclamó partidaria del diálogo después de las manifestaciones masivas del miércoles 23 de octubre.
La crisis del régimen político se generalizó y el imperialismo una vez más planteó la necesidad imperiosa ir más allá de los límites del gobierno derechista en crisis y de la propia constitución de Pinochet como una salida para imponer ataques aún más duros contra los trabajadores.
En ese contexto, fue impuesto el gobierno Boric y la Convención Constituyente.
