El cobre, era y es, una de las principales riquezas y recursos de exportación en Chile, el mismo, ha cumplido un rol fundamental en nuestra economía del siglo XX. 

Sabemos, que desde la década de 1905, los principales sectores de explotación estaban en mano de capitales norteamericanos, generando así que, toda la riqueza generada a partir del suelo y el cobre chileno sea expropiada de su pueblo y llevada a mano de capitalistas/imperialistas. 

Todas las ganancias eran llevadas fuera del país, no se invertían en Chile, por ende estos monopolios, extractivistas secaron la fuente de riqueza estancado al país en una etapa de “subdesarrollo”. 

Hubo diversos intentos de nacionalizar el cobre durante los años 50, 60  y finalmente en los 70 se logró la conquista popular que había prometido él en ese momento presidente, Salvador Allende. 

Freí Montalva y la “Chilenización”

En efecto, el gobierno de Frei Montalva (desarrollado entre el 3 de noviembre de 1964 y el 3 de noviembre de 1970) dio un paso inseguro y poco prometedor en cuanto a la  recuperación de la riquezas básicas de Chile, con  lo que él nombró como la “viga maestra” de su programa político. 

Inseguro y poco prometedor, pues la “chilenización” del cobre, tenía como finalidad la creación de sociedades mixtas, esto significa que las empresas serían del Estado chileno y de las compañías norteamericanas. Para lograr esto, se compró el 51% de las acciones de diversas empresas subsidiarias que existían en ese momento en el país, el pagó por las acciones adquiridas fue grande y poco beneficioso para el Estado chileno. 

Si observamos los datos a los cuales tenemos acceso, se le pagó a la  transnacional Anaconda, una cuantía de 197 millones de dólares, siendo que en el valor libro de esas empresas (osea, los libros administrativos que demuestran las utilidades-ganancias líquidas) era sólo de 181 millones de dólares. Frei pagó por el 51% de la compañía más de lo que valia la empresa en su totalidad. 

Lo mismo sucede con otras empresas, como Kennecott Copper Co. a la cual se le pagó por el 51% de las acciones un total de 180 millones de dólares, siendo que el valor total de la misma,  demostrado en los libros administrativos era menor a este pago. 

Una corrupción y tongo total, si además tenemos en cuenta, que a esta empresa el Gobierno avaló, un crédito de más de 125 millones de dólares a la par de entregarle la administración de la nueva empresa mixta a los imperialistas, aunque el Estado chileno era el socio mayoritario. 

Frei también garantiza y permite otro par de acciones que beneficiaban directamente a los imperialistas, como por ejemplo los denominados “planes de inversión”, los cuales estaban dirigidos a incrementar la producción, lo que conllevó a compromisos de deuda para las empresas mixtas con instituciones internacionales por 704 millones de dólares, garantizados con aval del Estado.

El verdadero paso a la nacionalización

A modo de  contexto, el 4 de septiembre de 1970 triunfó Salvador Allende, asumió la presidencia como candidato de la Unidad Popular, el mismo el 21 de mayo en su Primer Mensaje al Congreso Pleno, Salvador Allende se dirigió al país:

“Chile ha iniciado la recuperación definitiva de nuestra principal riqueza básica: el cobre. La nacionalización de nuestro cobre no es un acto de venganza o de odiosidad a grupo, gobierno o nación alguna. Estamos, por el contrario, en una actitud positiva de ejercer un derecho inalienable para un pueblo soberano: el disfrute pleno de nuestros recursos nacionales explotados con trabajo y esfuerzo nacional. Recuperar el cobre es una decisión de Chile, y exigimos el respeto de todos los países por una decisión unánime de un pueblo libre…

“En los meses  que restan de  1971 el cobre será definitivamente de los chilenos. Del empeño de los obreros, empleados y técnicos de Chuquicamata, El Teniente, Exótica, El salvador y Andina, depende en gran medida el volumen  de producción que alcancemos este año y, por lo  tanto,  nuestra capacidad de obtener divisas, y así mantener  un abastecimiento normal y realizar nuestros programas de inversión. El cobre es el sueldo de Chile.”

Como bien prometió en su campaña electoral Allende, envió el proyecto de Nacionalización del cobre al Congreso en 1970, el proyecto, fue acompañado de un discurso en el cual dejaba en claro que, la nacionalización del cobre llevaría a la “segunda independencia Nacional”, y que, no podría darse únicamente a partir de una ley, sino a través de una modificación constitucional. 

En ese momento, la minería del cobre generaba más del 80% de los ingresos en divisas al país, cerca de 18 mil trabajadores producían más de mil millones de dólares, estamos hablando de un sector altamente productivo, el cual, hasta 1971 se encontraba en mano de capitales extranjeros. 

La propuesta, dejaba en claro que la expropiación sin indemnización sería la medida revolucionaria que se utilizaría contra aquellas empresas que bajo concepto de “rentabilidades excesivas” hayan usurpado las riquezas chilenas. Esta propuesta tenía base en las diversas demandas nacionales que se encontraban vinculadas al movimiento obrero chileno, el cual tuvo su origen en las zonas mineras del norte del país. 

La necesidad de nacionalizar este y otros recursos básicos como el hierro y salitre, tenían base en las abusivas y depredadoras ganancias que se estaban expropiando del pueblo chileno, específicamente la explotación imperialista era abrumadora, tengamos en cuenta que entre 1930 y 1970 realizaron inversiones iniciales de 50 a 80 millones de dólares, estas empresas privadas  extranjeras y obtuvieron utilidades (ganancias) de 1.566 millones de dólares, además de contar que los valores no retornados alcanzaron a 2.663 millones de dólares.

La reforma constitucional y la antigua “Chilenización” de Freí

Como se declaró antes, el gobierno de Allende eligió el mecanismo de la reforma constitucional, pues era el único medio que permitiría librarse de las aparatosas leyes jurídico-políticas, heredadas de la teoría colonialista que obligaba al Estado chileno respecto a las empresas norteamericanas. 

A su vez, bajo este mecanismo, se terminaba de lapidar la inservible “chilenización” del cobre, aprobada a manos del gobierno anterior, específicamente a manos de Freí Montalva. El cual, utilizó una política de gobierno para la gran minería de cobre, que se utilizó para apaciguar y controlar a los sectores populares que buscaban reivindicar los derechos del cobre para los chilenos (entre otra muchas cosas, como la salida de los imperialistas y el auge de la industrialización dirigida por el estado). 

Como se desarrolló al comienzo del texto, la política en sí misma, constaba de comprar una parte de la empresa a las compañías imperialistas, esto mediante un precio excesivo, por otra parte, el Estado se obligó, a través de los convenios de expansión de la producción, a financiar mediante crédito externo y con su aval las nuevas inversiones de las empresas mixtas.

Las ganancias que se llevaron los norteamericanos con las indemnizaciones de Freí, fueron catalogadas por diversos profesores e investigadores como una vergüenza y un robo para el pueblo chileno. Las cifras oficiales demuestran que entre 1965 y 1970 las empresas imperialistas obtuvieron utilidades líquidas por 605 millones de dólares, pero eso no es todo, Según el Hanson’s American Letter, “ningún gobierno de extrema derecha había tratado a las empresas norteamericanas con la generosidad con que lo hizo el señor Freí… Su tratamiento excesivamente favorable fue tan falto de equilibrio y de juicio, y tan perjudicial para los intereses de Chile, que casi provocó hilaridad en Washington”.

Todo esto anteriormente expuesto explica la “ayuda” norteamericana a la campaña presidencial de Freí Montalva.

De esta forma, la reforma constitucional podría permitir fijar el valor libro como precio de las inversiones de las empresas, establecer plazos para pagar las eventuales indemnizaciones y deducir de estas las utilidades excesivas, y así no continuar con la excesiva y mal aplicada “chilenización” que había culminado beneficiando a los grandes capitales extranjeros. 

En diciembre de 1970, el poder ejecutivo presentó el proyecto de reforma constitucional que modificaba el artículo 10 Nº 10, y procedieron a explicar el por qué de la elección, “…la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente, quien expresa su voluntad”.

Así, bajo la gran campaña de Allende y los grupos sociales a favor de la nacionalización el 16 de julio de 1971 se nacionaliza la gran mayoría de empresas del cobre, y específicamente la Compañía Minera Andina.

El presidente Allende dictó el decreto supremo Nº 92, de 28 de julio de 1971, por el cual se estableció el procedimiento para determinar las indemnizaciones. Las rentabilidades excesivas eran fundamentales para observar el valor de la indemnización. Así, este concepto hace referencia a lo siguiente: 

La rentabilidad anual para las empresas nacionalizadas y sus antecesoras debía fijarse en el 10% de los respectivos valores de libro. Dispuso, por consiguiente, que el contralor general, al calcular la indemnización que correspondería pagar a las empresas de la gran minería del cobre por la nacionalización, debía deducir las siguientes cantidades por concepto de rentabilidades excesivas devengadas a partir del 5 de mayo de 1955 y hasta el 31 de diciembre de 1970:

1. Para la compañía de cobre Salvador S.A., la cantidad de 64 millones de dólares.

2. Para la compañía de cobre Chuquicamata S.A., la cantidad de 300 millones de dólares.

3. Para la Sociedad Minera El Teniente S.A., la cantidad de 410 millones de dólares.

El resultado de las indemnizaciones al cual se llegó fue altamente beneficioso para Chile. 

1.La compañía El Salvador S.A. tenía un capital de 68.3 millones de dólares. Se le descontaron 69.9 millones por el concepto ya señalado arrojando también un saldo negativo de -1.6 millones

2.La compañía Chuquicamata S.A. tenía un capital, según valor de libro al 31 de diciembre de 1970, de 241 millones de dólares. Se le dedujeron los 300 millones por rentabilidades excesivas quedando con un saldo negativo de -76.5 millones de dólares.

3. La compañía El Teniente S.A. tenía un capital de 318.8 millones de dólares, al que se le restaron 410 millones, quedando con un saldo negativo de -91.2 millones.

Sin indemnización por sobre explotación.

De esta forma, podemos apreciar que las grandes empresas imperialistas, no tuvieron indemnizaciones si no que estas, quedaron en deuda con el Estado chileno. Lo que se logró ese 11 de julio de 1971 con la aprobación de la ley, será marcado como un hito histórico, en la lucha contra la explotación imperialista. 

Claro estaba, que los grandes empresarios no se quedarían de brazos cruzados, recurriendo a una campaña internacional contra la nacionalización, dejando en cuestión los cálculos para realizar los montos e la “rentabilidad excesiva”. A su vez, la burguesía en el afán de recuperar sus empresas, sostuvieron que no se había tenido en cuenta a las empresas mixtas (del periodo de la “Chilenización”) y que por ende, se dejaba por fuera al Estado Chileno el cual no ha sido afectado. 

Todas estas acusaciones sentaron las bases para intervenir en el derrocamiento de Allende, sumándole la típica conclusión imperialista de que la “vía chilena al socialismo” era un peligro para la democracia occidental y cristiana. 

No olvidemos, que en el gobierno de Allende también  nacionalizó el carbón, el salitre, el hierro y la empresa telefónica ITT. 

Este paquete de nacionalizaciones, le brindó al pueblo chileno una gran riqueza y un crecimiento como nunca se había visto de las organizaciones obreras.

El golpe de Estado y el retroceso de las conquistas populares

Necesario es hablar del golpe de Estado y la dictadura cívico militar organizada y dirigida por los Estados Unidos, para lograr comprender dónde nos encontramos hoy.

Durante la dictadura, y basándonos en un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del año 2014, las privatizaciones habían provocado una pérdida de 6.000 millones de dólares al Estado y pueblo chileno, a través de la venta de 725 empresas que hasta septiembre de 1973 eran del Estado, y pasaron a manos de la burguesía nuevamente.

Desde 1971 al 2003, Chile generó a través de Codelco más de 10 mil Millones de dólares, lo cual terminó por subir y estimar el valor a la empresa estatal en 30 mil millones de dólares. 

Durante la dictadura, los militares le pagaron indemnizaciones a las empresas Anaconda y Kennecott, basándose en todo lo que Chile había generado con la expropiación de las mismas. Realmente, la cifra exacta no se dio a conocer (situación recurrente con la gran mayoría de asuntos ocurridos durante la dictadura), pero, en su momento, se habló de una suma de más de 1.300 millones de dólares (de 1988), pagado al conjunto de empresas expropiadas, incluyendo a la ITT. 

Nos parece necesario recalcar, que este monto es mayor al exigido por las empresas norteamericanas durante el gobierno de Allende. 

Debemos dejar en claro, que lo que se pagó no fueron indemnizaciones, puesto que las nacionalizaciones se habían realizado con base en la constitución, lo que las determinaba como completamente legales. El pago que se les realizó a estas empresas en el periodo dictatorial, no fue más que un aporte, a la ayuda y guía norteamericana por el golpe de Estado.

Ahora sí, habiendo recorrido todo este camino de la historia, podemos hablar del hoy 

Como se puede observar en la gráfica, a partir de 1971 y hasta 1990 la pertenencia nacional del cobre significó un incremento de empresas como CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) y ENAMI (Empresa Nacional de Minería), ambas estatales, las cuales generaron un aumento en los fondos nacionales para fines públicos. 

Tanto durante la dictadura, como en el periodo de la Concertación, los ataques a la clase obrera y popular continuaron vigentes, las ganancias generadas a partir de las empresas nacionales, fueron utilizadas para reforzar el apartado represivo del estado. Acumulando un arsenal armamentístico para reprimir y callar a lxs trabajadores, las armas se han usado bajo una política de guerra,la cual efectivamente fue decretada por los sectores dominantes contra los sectores populares y trabajadores en Chile. 

Hoy, gracias a las privatizaciones y “concesiones plenas” de nuestras empresas estatales, nos encontramos con menos del 30% de la producción de cobre en nuestro país. 

Hoy, la minería y muchos otros servicios se encuentran en manos de privados, los cuales, explotan, y depredan sin devolver nada al pueblo chileno, más que trabajadores unidos en la miseria y malos ambientes laborales. Hasta ahora, sin importar el gobierno, la mente colonialista y elitista sigue primando en nuestro país, beneficiando a los grandes empresarios a costa del bienestar y la vida de los chilenxs. 

Será el pueblo con los trabajadores a la cabeza que devuelvan la Dignidad a Chile, tarea que se inició aquel 11 de julio de 1971 de la mano del presidente compañero, Salvador Allende.