Los doce jóvenes fueron capturados tras allanamientos cumplidos en Concepción, Quilacoya y Santiago, explicó la prefecta Consuelo Peña, jefa de la prefectura Macrozona Sur.
Estos allanamientos tuvieron su raíz en una «investigación» realizada por la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones (PDI) identificó y ordenó la detención de12 personas de edades entre 17 a 23 años, a quienes estaría señalando como responsables de una serie de desórdenes y daños al interior del campus de la Universidad de Concepción en el verano.
Según lo detallado por la PDI los detenidos “actuaron concertados y encapuchados, lanzando bombas tipo molotov o enfrentándose a Carabineros”
“De acuerdo a la indagación, algunos de estos participaron en la quema de una camioneta, un carro policial, una garita y destrozaron vidrios”
En total se les estarían imputando cerca de ochenta delitos, según comentó Guillermo Henríquez, el fiscal de la causa.
Las fechas de estas supuestas acciones criminales seria entre 7 de febrero y el 6 de marzo de este año y, para reconocer a los supuestos responsables, el personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) revisó más de 250 horas de imágenes de todo tipo. Entre ellas fotografías, videos de cámaras de seguridad, de particulares y videos compartidos en redes sociales.
Uno de los ilícitos imputados fue el daño a monumentos nacionales, que posee una sanción agravada y cuya pena parte en 541 días.
Con estas nuevas detenciones, donde todavía está por aclararse las identidades de las personas detenidas y su efectiva participación en los delitos imputados, queda clara la labor de inteligencia que se está haciendo desde los órganos represores para frenar cualquier intento de movilización de cara a un nuevo 18 de octubre. Ya en otras ocasiones hemos sido testigos de la costumbre de las fuerzas represoras de inculpar mediante falsas evidencias y testigos fantasmas tanto a luchadores sociales como a comuneros mapuche, por lo que no seria raro que nos encrontraramos ante un nuevo montaje por parte de la institucionalidad.
Con esto pretenden criminalizar a quienes formaron parte de las manifestaciones, con nuevas evidencias de dudosa procedencia y en total colusión con un sistema judicial que esta amoldado a los intereses de un régimen nefasto, que permite la violencia tanto institucional como civil, hacia quienes manifestamos nuestro descontento con el sistema de miseria que se ha implantado hace más de 30 años, y que ellos pretenden seguir manteniendo.
El terrorismo de Estado se hace más patente cada día que pasa, porque el gobierno teme una nueva manifestación popular que o lleve contra las cuerdas tal como sucedió el año pasado, porque esta vez saben que el pueblo no se va a dejar engañar por acuerdos firmados a espaldas de millones de chilenxs que no nos sentimos representados por los corruptos que juegan a pasarse el poder.
La lucha no ha terminado, y no lo hará hasta que caigan las bases del sistema criminal.
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