Los gobiernos no pueden utilizar el supuesto riesgo de desórdenes o de violencia para impedir manifestaciones pacíficas, declaró el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es la instancia que vigila el cumplimiento del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La misma aclaró el miércoles (29.07.2020) que cualquier restricción que se imponga al derecho a manifestarse debe basarse en “una evaluación diferenciada e individualizada de la conducta de los participantes. Las restricciones generales para participar en una reunión pacífica no son apropiadas”, señaló Christof Heyns, uno de los miembros del Comité, citado en un comunicado.
La instancia de la ONU publicó una interpretación jurídica del derecho humano a reunirse y manifestarse pacíficamente, sea de forma física o virtual, y enumeró las obligaciones de los Estados en este sentido.
La pandemia del COVID-19 constituye uno de los mayores desafíos a las manifestaciones con fines pacíficos, un derecho internacionalmente reconocido y protegido por el tratado sobre derechos civiles y políticos (en vigor desde 1976) que han ratificado 173 países.
“Las referencias generalizadas al orden y la seguridad pública o los riesgos potenciales sin especificar de violencia no son argumentos sólidos para prohibir las manifestaciones pacíficas”, afirma el Comité, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos.
Según ellos, los participantes tienen derecho a usar máscaras o cubrirse el rostro y los gobiernos no deben recabar su información personal ni amenazarlos o intimidarlos.
Los gobiernos tampoco deben bloquear internet ni cerrar sitios web para impedir la organización de manifestaciones, de acuerdo al órgano de la ONU.
