Este jueves, Piñera, junto al ministro del Interior, Víctor Pérez, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, firmó el proyecto de ley que endurece las penas contra de quienes quemen camiones o buses, luego de las “presiones” de los camioneros hacia La Moneda.
La iniciativa será presentada al Congreso y determina que «incendiar un camión o bus tendrá la misma gravedad que quemar una casa o lugar habitado».
El proyecto plantea un cambio al artículo 478 del Código Penal, que establece la figura del incendio agravado cuando queman edificios y casas, para que la quema de camiones entre a formar parte de la categoría de bien inmueble y poner en la misma condición el incendio de una modesta casa habitación y un bien, por ejemplo, de una forestal trasnacional.
Asimismo, establece que quien «atente, se queme, se incendie y haya resultado de muerte, la pena de pasa de ser desde 15 años y un día hasta cadena perpetua, es decir, presidio mayor en su grado máximo».
«Aprovecho también de pedirle al Congreso que haga un esfuerzo especial, con una sensibilidad especial para sacar adelante proyectos de ley que son urgentes y necesarios para dar más seguridad» dijo Piñera.
Piñera agradeció “a los camioneros de Chile» y señaló que escuchó «con mucha atención su voz por más seguridad”. Lo que no dijo es que el proyecto de ley, presentado por los camioneros, la verdad es que es un auto proyecto, toda vez que el presidente de FEDESUR, fue funcionario de su equipo político y cumplió diversas tareas en su campaña.
El proyecto de Ley fue presentado después de que el presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, diera un “ultimátum” al Gobierno.
“Si no hay resultados esta semana, conversaremos con nuestros conductores, y si hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”, afirmó el día martes el dirigente de los camioneros.
Lo que queda claro, es que el mentado ultimátum, no es otra cosa que una acción coludida entre el gobierno y uno de los gremios más reaccionarios y golpistas del país, como son los camioneros, con el fin de presionar para la pronta aprobación de la ley de inteligencia y nuevas leyes represivas en contra del pueblo mapuche y el pueblo chileno.